Publicado: 10 May 2010 4:29 amTítulo del mensaje: Interior deniega datos a la Justicia
El que fuera elmáximo responsable de los Tedax en el 11-M, el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, ante los juzgados de Plaza de Castilla, enMadrid.
Interior deniega datos a la Justicia
● La juez le pide que aclare quién debía custodiar las muestras y hacer los análisis del 11-M
● El Ministerio alega que el protocolo de actuación de los Tedax es materia reservada
El Ministerio del Interior ha negado en dos ocasiones a la juez que instruye la causa contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano información relacionada con las responsabilidades concretas del que era jefe de los Tedax cuando se produjeron los atentados del 11-M.
Los obstáculos de Interior a esa y otras diligencias mantienen paralizada desde hace tres meses la investigación, abierta tras la querella presentada contra Manzano por los delitos de encubrimiento por ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.
El requerimiento de la responsable del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, efectuado a instancias de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, reclamaba al Ministerio del Interior una copia del protocolo de actuación de los Tedax. Con esa información, la asociación querellante quería certificar que la custodia del material recogido en los focos de las explosiones que queda a disposición judicial es responsabilidad del jefe de la Unidad Central de los Tedax, cargo que desempeñaba Manzano hasta su destitución por su actuación en la investigación de los atentados.
El segundo punto que las víctimas querían aclarar con esa petición es si, como sostienen, la competencia para realizar los análisis periciales sobre las muestras recogidas en los focos corresponde al laboratorio de la Policía Científica, y no a los Tedax.
La respuesta del Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba a la juez ha sido que la normativa que se reclama es materia reservada y, por tanto, está protegida por la Ley de Secretos Oficiales. Eso supondría que sólo una autorización expresa del Consejo de Ministros permitiría su entrega.
Tras esa primera negativa, la asociación simplificó su petición y reclamó que únicamente se remitieran los puntos de la normativa referidos estrictamente a esas dos cuestiones. La asociación presidida por Ángeles Domínguez consideraba que así se eliminaba cualquier posibilidad de que los datos afectasen realmente a la seguridad de los artificieros. De nuevo la respuesta del Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba fue que la materia es secreta.
El último intento de la asociación ha sido reclamar a Interior que se limite a confirmar, sin necesidad de remitir nada, esos dos puntos: que el responsable de la custodia es el jefe de la Unidad Central y que la competencia para los análisis es de la Policía Científica. El juzgado aún está pendiente de recibir respuesta a este tercer intento.
Tampoco ha obtenido respuesta otra petición sobre la que no pesa ningún secreto: que se remita al juzgado de instrucción el listado de los más de 100 informes sobre análisis de restos de explosivo realizados por la Policía Científica, y no por los Tedax. Con esta diligencia, la asociación quiere resaltar la falsedad de las declaraciones de Manzano en el juicio del 11-M, donde afirmó que la Policía Científica se encargaba de analizar las muestras intactas de explosivo, mientras que a los Tedax les correspondía analizar los restos de sustancias ya explosionadas.
Esa tesis fue rechazada por miembros de la Policía Científica en el propio juicio por la masacre. Uno de sus expertos explicó, listado en mano, que la inmensa mayoría de los análisis que había realizado a lo largo de muchos años eran, precisamente, de muestras explosionadas. La afirmación de Manzano chocaba con la lógica, ya que de esa forma el laboratorio más dotado, el de la Policía Científica, se encargaba de los más sencillos, mientras que el más precario debía afrontar los análisis más difíciles.
El propio Sánchez Manzano tuvo que reconocer ante el juez Juan del Olmo que su unidad no disponía de un laboratorio completo y que sus análisis no podían considerarse científicos. Pese a ello, el jefe de los Tedax no remitió a la Policía Científica el material recogido en los focos, que no fue analizado por un laboratorio preparado hasta 2007, tras la orden del tribunal que juzgó la masacre.
La Asociación de Ayuda también ha pedido a Interior, y así lo ha acordado la juez, que remita el listado de todos los tedax destinados en la unidad central que el 11 de marzo y los días siguientes recogieron y enviaron muestras a la unidad dirigida por Sánchez Manzano. La intención de la asociación es llamarles a declarar, tal y como han hecho algunos de ellos.
Por último, la juez ha rechazado resolver en este momento sobre la petición de archivo de la causa presentada por la defensa de Manzano. Fuentes jurídicas explicaron que su intención es pronunciarse una vez cumplimentadas todas las diligencias, al tiempo que resuelve si, seis años después de la masacre, la actuación del entonces jefe de los Tedax no sólo justificó su destitución sino que, además, debe sentarle en el banquillo.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El papel de la Científica
El comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ya aseguró el pasado verano que es la unidad que él dirige, y no los Tedax, la que «determina» tras un atentado cuál ha sido el explosivo utilizado por los terroristas. Durante un curso de verano, el jefe del Servicio de Técnica Policial de la Comisaría General de Policía Científica, Antonio del Amo, y el máximo responsable de esa unidad, Miguel Ángel Santano, explicaron que la recogida de indicios es un «trabajo conjunto» de los Tedax y de la Policía Científica, «principalmente lo que son el artefacto explosivo y sus componentes». Y Santano remachó: «Y la determinación del explosivo también se hace en los laboratorios químicos de la Policía Científica».
Publicado: 10 May 2010 4:49 amTítulo del mensaje: 11-M / La doble vara de medir
Alfonso Vega (en el centro) y otros dos peritos, durante los análisis de los restos de los focos del 11-M ordenados por la Audiencia Nacional.
11-M / La doble vara de medir Investigaciones opuestas en dos atentados clave
El foco de la T-4 produjo 300 muestras, mientras los 12 focos del 11-M dieron 23
MANUEL MARRACO / Madrid
El miércoles compareció ante el tribunal que ha juzgado el atentado de la T-4 elmismo experto de la Policía Científica que dirigió los análisis del 11-M. Las palabras con las que el perito Alfonso Vega confirmó en la Audiencia Nacional el contenido de los informes sobre el atentado de Barajas sirvieron, al mismo tiempo, para ratificar las anomalías que se produjeron en torno al análisis del 11-M.
«Analizamos muchísimas muestras, muchísimas, creo que alrededor de 300», dijo el experto sobre la T-4 ante el tribunal, presidido por un magistrado, Alfonso Guevara, que tres años antes le había oído explicar que apenas había contado con 23 muestras de los focos del 11-M. Las diferencias entre ambos casos se magnifican si se tiene en cuenta que, pese a su aparatosidad, en el aeropuerto hubo una única explosión, mientras que el 11 demarzo de 2004 se produjeron 12 estallidos claramente diferenciados en cuatro escenarios distintos, y que dos de ellos fueron bajo control de los Tedax.
Pese a que los atentados se produjeron con una diferencia de dos años y medio, los análisis para intentar determinar el explosivo se efectuaron en 2007 de manera casi solapada. El laboratorio de la Policía Científica ya había comenzado a recibir muestras de Barajas cuando la Audiencia Nacional les ordenó que realizaran, por fin, el primer análisis científico de las muestras de los focos, que hasta entonces sólo habían sido examinadas por los Tedax, cuyo laboratorio no podía ofrecer al juez un resultado fiable. La Policía Científica advirtió entonces al juez Pedraz que los resultados sobre la T- 4 se retrasarían ante la urgencia para analizar los vinculados al 11-M.
Un policía analiza los restos del coche bomba de la T-4.
Al tiempo que ordenaba esos análisis, el tribunal pidió a la Policía Científica que le informara de cuántos restos de los focos de explosión estaban bajo su custodia. La respuesta fue que ninguno, porque los Tedax nunca llegaron a enviárselos. Por contra, la mayor parte de las 47 páginas del informe pericial de la T-4 sirven para dejar constancia de los numerosísimos oficios de remisión de muestras por parte de los Tedax a la Científica. El primero, con ocho muestras, llegó el 2 de enero de 2007. El último, remitido 15 días después, incluía otras dos bolsas llenas de restos. En total, 267 muestras del parking D de la T-4. La propia Policía Científica recogió por su cuenta otros 12 blancos, es decir, muestras no afectadas por la explosión con las que poder hacer comparativas. El informe de la T-4 incluye la fecha, hora y lugar de recogida de los restos, mientras que las muestras analizadas del 11-M llegaron, según los peritos, identificadas de manera deficiente.
La diferencia entre ambos atentados no sólo se reflejó en la cantidad de las muestras, sino en la calidad. «Analizamos gran variedad de muestras: escombros, piezas metálicas, chapas, muchos extractos recogidos con algodones frotados...», dijo Vega el miércoles. Por el contrario, en el caso del 11-M no contaron, por ejemplo, con ningún algodón recogido en los focos con impregnaciones del explosivo, pese a que varios tedax declararon en el juicio que sí se habían recogido.
El testimonio de Vega, que dirigió ambos análisis, evidencia las deficiencias en el 11-M
Junto a Vega comparecieron otros dos peritos químicos que firmaron el informe de la T-4. Uno de ellos, Andrés de la Rosa, también era perfectamente consciente de las diferencias entre las periciales del 11-M y de la T-4, puesto que había participado a las órdenes de Vega en los análisis del 11-M. Él fue el que detectó una de las sustancias (el DNT o dinitrotolueno) que no formaban parte de la Goma 2 ECO supuestamente empleada. En el caso de la T- 4, dijo que se trataba de una mezcla «artesanal» en la que ETA incluyó hexógeno, un explosivo plástico militar de gran capacidad destructiva. La breve comparecencia de Vega ofreció otro paralelismo con el 11- M. Una de las acusaciones particulares de la T4 –que también había ejercido de acusación en el juicio por la masacre– preguntó al experto si uno de los componentes del explosivo era polvo de aluminio, empleado habitualmente por ETA en sus artefactos. «Distinguir entre el aluminio de las estructura metálica del parking y el polvo de aluminio del explosivo es complicadísimo, muy difícil», respondió el químico.
Sus palabras remiten a lo sucedido en el 11-M con otra sustancia, el dibutilftalato. Aunque apareció en todas las muestras, también estaba presente en multitud de materiales de los trenes, por lo que resultaba dudoso afirmar que se tratara de un componente del explosivo. Ante el silencio de los peritos oficiales, lo cuatro peritos independientes lo rechazaron de plano. Finalmente, la presencia de dibutilftalato llevó al tribunal a mantener que en todos los focos del 11-M había estallado Goma 2 ECO, en detrimento de otros explosivos como el Titadyn, que no lo incluían en su composición. Esa conclusión ya fue puesta en duda por el propio Vega. En una declaración con motivo de la querella contra el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano, admitió que el dibutilftalato era «un contaminante », lo que impedía que sirviese para fijar qué había estallado el 11-M.
El Ministerio del Interior ha negado facilitar los datos pedidos por el juez que instruye la causa contra Sánchez Manzano alegando que es materia reservada. Rubalcaba no quiere aclarar quién debía custodiar las muestras del 11-M y cuál era el protocolo de actuación de los Tedax.
La presidenta de la AAV11-M ha sido entrevistada en esRadio, donde renovó su compromiso por el esclarecimiento del 11-M: "Continuamos queriendo saber la verdad a pesar de los impedimentos y espinas que nos ponen en el camino". La ocultación de datos, es síntoma de que "la democracia está secuestrada".
A punto de acabar la diligencias sobre la actuación de Sánchez Manzano, continúan apareciendo pruebas que comprometen al jefe de la Unidad central de los Tedax. Interior denegó documentación a la juez del caso, la misma que Manzano empleó en su demanda contra Es la mañana de Federico y El Mundo.
La jueza Hallet llamará a declarar a agentes de los servicios secretos
El objetivo es saber qué sabían de los terroristas antes de la masacre
La Justicia británica interrogará a los servicios secretos británicos en torno a los atentados terroristas del 7 de julio de 2005. Así lo ha anunciado este viernes la jueza Heather Hallet, que ha anunciado también que las muertes de las 52 víctimas de la masacre y de sus verdugos se investigarán por separado atendiendo a la petición de las familias.
La jueza interrogará a varios miembros del MI5 en relación con los atentados. El objetivo es saber qué detalles de los terroristas conocían los servicios secretos británicos antes de la masacre. Al principio se dijo que los nombres de dos de ellos -Shehzad Tanweer y Mohamed Sidique Khan- habían aparecido en otras investigaciones, pero de un modo tan periférico que nadie se había planteado investigarles.
Una excusa de la que dudan algunas de las víctimas, que apuntan a algunos detalles sospechosos. Por ejemplo, que existían unas grabaciones en las que Khan hablaba de un complot con explosivos con otros sospechosos terroristas. O que el MI5 dijo que se le había identificado por una tarjeta de crédito con su nombre encontrada en la estación donde se inmoló cuandosu nombre llevaba 17 meses en los registros de los servicios de inteligencia.
Aviso del MI5
El MI5 siempre se ha opuesto a una investigación judicial sobre su papel en los atentados diciendo que daría "un arma de valor incalculable" a Al Qaeda y que sería perjudicial para la prevención de futuros atentados. En atención a sus ruegos, la jueza ha anunciado que el testimonio de sus hombres será secreto y se hará sólo en su presencia y a espaldas del jurado.
"El alcance de la investigación de estas 52 muertes", ha dicho la jueza, "incluirá los presuntos fracasos de los servicios de inteligencia y la resaca inmediata de las bombas. En mi opinión, no es demasiado tarde para investigar lo que se sabía uno o dos años antes de los atentados. Este tipo de complots no se planean de la noche a la mañana".
La decisión de la jueza no satisface ni a los supervivientes de la masacre ni a los familiares de las víctimas. A los primeros, porque no se satisface su demanda de que se les considere parte interesada del proceso. A los segundos, porque querían una investigación pública y con un jurado.
Clifford Tibber, abogado de algunas de las víctimas, ha recordado que David Cameron y Nick Clegg expresaron su respaldo a la investigación y ha dicho que espera que no pongan trabas ahora que están en el Gobierno. "Suponemos que se asegurarán de que se le darán a la jueza todos los documentos que pida y que la nueva ministra del Interior, Theresa May, retire la oposición oficial a que se investiguen estos hechos y que las víctimas puedan tener las respuestas que demandan".
Cambió su versión sobre el 11-M e inculpó a Trashorras en la venta de los explosivos
El primer condenado por el 11-M sale hoy en libertad. Se trata de Gabriel El Gitanillo, responsable confeso del suministro de explosivos a la célula islamista cuando tenía 16 años. A cambio de la confesión, que convirtió en cosa juzgada la versión de la Fiscalía sobre el origen de la dinamita, la fiscal rebajó a seis su petición de ocho años de internamiento en un centro de menores. Justo lo necesario para garantizarle que no iría a prisión.
En noviembre de 2004, se plantó ante el juez de Menores de la Audiencia Nacional y afirmó que había trasladado explosivos a Madrid por indicación de Emilio Suárez Trashorras y que acompañó a los terroristas a Mina Conchita para que robaran más dinamita.
El Gitanillo -al que se le juzgó por separado del resto de acusados por ser menor y mucho antes que a los demás- hubiera ingresado de forma automática en una prisión si hubiese cumplido los 23 años de edad durante el cumplimiento de la sanción. Hoy, tiene 22 años y comienzan a contarse los cinco años de libertad vigilada que le impuso el magistrado José María Vázquez-Honrubia.
El relato del menor acabó volcado en los «hechos probados» de la sentencia por la matanza y supuso un espaldarazo a la versión oficial, ya que corroboraba lo que mantuvo la Fiscalía en el juicio y que concluyó con la condena de Trashorras como cooperador necesario en los atentados.
La Fiscalía pactó con él una reducción de condena a cambio de que apoyase su versión
Quienes se han ocupado de él en el centro de internamiento Los Rosales son optimistas sobre su reinserción. El pronóstico es bueno, pero no tanto como para que, hace unos meses, el juez Central de Menores, José Luis de Castro, aceptase anticipar la medida de libertad vigilada. En estos años, su carácter ha cambiado. Ya no es aquél que en los primeros días de encierro llegó a soltar un «voy a matarlos a todos, igual me dan 200 muertos que 201». Ha aprendido carpintería y ha descubierto su facilidad y afición para el teatro. Una característica esta última a la que, sin duda, hubiera sacado punta la hábil defensa de Suárez Trashorras en la vista oral, que siempre cuestionó la credibilidad del testigo clave contra su cliente.
El 27 de marzo de 2007, cuando acababa de ratificar ante una cariñosa fiscal -«hola, Gabriel», le saludó Olga Sánchez- la versión que sentenciaba al ex minero, el abogado ya fallecido Gerardo Turiel le preguntó de manera incisiva: «En esta declaración que hizo usted en Los Rosales, da usted tres versiones del asunto, ¿cuál es la verdadera? ¿La que dio ahora, la que dio en su día? ¿Cómo sabemos cuándo nos dice usted la verdad?».
El abogado se refería al interrogatorio que el juez Juan del Olmo y la fiscal Sánchez le hicieron al menor después de su condena, ya en el centro de internamiento. El Gitanillo llegó a desdecirse y a afirmar que lo que había dicho en su juicio era mentira, y que él nunca había visto a los islamistas en la mina. «Manifiesta [...] que lo que el declarante refirió ante la Guardia Civil sobre los viajes que hizo a Madrid y a las personas que vio y todo lo relacionado con esas personas no es todo cierto. Que no es cierto que el declarante fuera a la mina con Emilio y con las otras personas».
Los próximos cinco años los pasará en libertad vigilada por una ONG de Asturias
Antes de concluir el interrogatorio las cosas volvieron a su cauce y El Gitanillo confirmó su versión inicial, aunque con alguna variante. Al igual que en el juicio en su contra, ese relato acabó en la sentencia del 11-M, pese a algunas incongruencias, como que no recordara su propio teléfonoy sí, perfectamente, el del jefe de la célula islamista, que había marcado una sola vez. O que hablara de una llamada desde la mina en la noche de autos pese a que allí no había cobertura. O que el día que supuestamente Trashorras hizo una visita preparatoria a la explotación, en realidad, estuviera en Canarias... Por contra, múltiples indicios y otras declaraciones confirmaron en el juicio lo esencial de su versión.
El Gitanillo vuelve ahora a Asturias, cerca de su familia y controlado por el centro Trama, una ONG especializada en menores conflictivos. Su tarea será que Gabriel M. V. deje atrás sus apodos y recorra con mejores intenciones los lugares donde hace seis años y medio se dieron los primeros pasos de la masacre de los trenes de la muerte.
Publicado: 21 Jun 2010 1:32 amTítulo del mensaje: SUP se suma a querella de víctimas del 11-M contra Manzano
El SUP se suma a la querella de víctimas del 11-M contra Manzano
El sindicato policial más próximo al PSOE se persona como acusación popular al ver indicios de negligencia en la destrucción de pruebas de lamasacre
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha decidido dar un paso adelante y acudir a los juzgados. A partir de ahora, también estará personado en las actuaciones que se siguen contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, el que fuera máximo responsable de los Tedax el 11-M.
Hasta ahora, la acusación la ejercía en solitario la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Ahora, los dirigentes del sindicato más cercano al PSOE acordaron en una junta celebrada la pasada semana personarse también en la causa. Entienden que pudo existir un comportamiento cuandomenos negligente por parte de este mando policial en su gestión de los atentados del 11-M.
La ejecutiva nacional del SUP tomó el pasado jueves la decisión de «ejercer las acciones jurídicas necesarias para personarse como acusación popular».
Peros eguísintentando recuoerar vuestra grna mentira de 2004, oeoerios nazis?
Mirad vuestro ídolo y jefe post mortem:
La lista de Franco para el Holocausto
El régimen franquista ordenó en 1941 a los gobernadores civiles elaborar una lista de los judíos que vivían en España. El censo, que incluía los nombres, datos laborales, ideológicos y personales de 6.000 judíos, fue, presumiblemente, entregado a Himmler. Los nazis lo manejaron en sus planes para la solución final. Cuando la caída de Hitler era ya un hecho, las autoridades franquistas intentaron borrar todos los indicios de su colaboración en el Holocausto. EL PAÍS ha reconstruido esta historia y muestra el documento que prueba la orden antisemita de Franco
JORGE M. REVERTE
DOMINGO - 20-06-2010
Al final de la II Guerra Mundial, el régimen de Franco intentó con relativo éxito confundir a la opinión pública mundial con la fábula de que había contribuido a la salvación de miles de judíos del afán exterminador nazi. No solo era falso lo que la propaganda franquista pretendía demostrar. En la España del dictador hubo la tentación de contribuir a acabar con el "problema judío" en Europa.
La paciente labor de un periodista judío, Jacobo Israel Garzón, ha conseguido que aflorara el único documento conocido sobre el asunto, conservado por obra de la casualidad en el Archivo Histórico Nacional, y proveniente del Gobierno Civil de Zaragoza. Lo publicó en la revista Raíces. A partir de ese trabajo, EL PAÍS ha continuado la indagación y ha reconstruido la historia completa de la frustrada colaboración con el Holocausto. Quiénes fueron sus protagonistas y sus cómplices. Una historia que cambia la Historia.
El 13 de mayo de 1941, todos los gobernadores civiles españoles reciben una circular remitida el día 5 por la Dirección General de Seguridad. Se les ordena que envíen a la central informes individuales de "los israelitas nacionales y extranjeros afincados en esa provincia (...) indicando su filiación personal y político-social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial". La orden la firma José Finat Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, el último día de su permanencia en el cargo, porque va a ser relevado por el coronel Galarza. De ese puesto va a saltar en pocos días al de embajador de la España de Franco en Berlín.
El conde es un personaje refinado y culto, y muy amigo de Ramón Serrano Suñer, el hombre fuerte del régimen [fue ministro de Interior y Asuntos Exteriores], que es quien le va dando los distintos cargos que ostenta. Ha prestado grandes servicios a Serrano y a Franco, como el de organizar a los policías que, en connivencia con el embajador Lequerica y la Gestapo, utilizando a un siniestro policía de apellido Urraca, consiguió traer a Companys y Zugazagoitia a España para sufrir una burla de juicio y ser fusilados.
José Finat hizo buenas migas con Himmler cuando este visitó España en octubre de 1940. Himmler pudo asistir a un espectáculo que le pareció cruel: una corrida de toros en Las Ventas. En esos días, ambos pusieron al día una vieja colaboración firmada por el general Severiano Martínez Anido en 1938. Gracias a ese acuerdo, la policía política alemana goza de status diplomático en España, y puede vigilar a sus anchas a los treinta mil alemanes que viven aquí.
Dentro de poco más de un mes, Finat va a ocupar su cargo de embajador en Berlín. Allí podrá entregar en persona a Himmler sus listas de judíos. Si España entra en la guerra, serán un buen regalo para los nazis. Antes va a tener tiempo suficiente para dar una paliza y emplumar por maricón a un cantante, Miguel de Molina. Le ayudará el falangista Sancho Dávila, primo del fundador del partido fascista.
El objetivo del Archivo Judaico no consiste en defender al régimen de la posible acción subversiva que puedan realizar los refugiados que pasan por España huyendo de la persecución nazi. Esos son conducidos directamente a Portugal para que se marchen a Estados Unidos, o internados en el campo de concentración de Miranda de Ebro hasta que se sepa qué hacer con ellos. De lo que se trata, sobre todo, es de tener controlados a los judíos españoles de origen sefardí:
"Las personas objeto de la medida que le encomiendo han de ser principalmente aquellas de origen español designadas con el nombre de sefardíes, puesto que por su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidas sin posibilidad alguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores".
El trabajo no va a ser fácil por esa capacidad de adaptación que tienen los judíos. Sobre todo en lugares que no sean como Barcelona, Baleares y Marruecos, donde había antes de la guerra "comunidades, sinagogas y colegios especiales", y eso permite una mayor facilidad de localización.
La circular no oculta la urgencia de la acción. Hay que proteger al Nuevo Estado de la posible actuación de estos individuos, que son "peligrosos".
El coronel Valentín Galarza está poniendo patas arriba el ministerio que le ha dejado Serrano Suñer, infestado de falangistas revolucionarios. Pero no va a destrozar toda la obra de su antecesor. El Archivo Judaico se va a seguir completando con carácter de urgencia al principio y con metódica seriedad después.
¿No son acaso los judíos y los masones los enemigos fundamentales del Nuevo Estado?
Cuando haya pasado el tiempo, el Archivo Judaico será ocultado y sistemáticamente destruido, como toda la documentación comprometedora para el régimen franquista en relación con la persecución antisemita realizada en los años cuarenta. Cuando deje de ser urgente tener listas completas de israelitas y haya que justificar la patraña de que el régimen surgido del 18 de julio ayudó en todo lo posible para que se salvaran muchos judíos de la persecución nazi.
En mayo de 1941, cuando se envía la circular, resulta muy significativa la desaparición de las guardias de falangistas de la puerta del Ministerio de la Gobernación. Ya no se trata de que la represión la lleve la Falange por su cuenta, como si fuera un poder autónomo del Estado. Se trata de que el Nuevo Estado asume comportamientos que le identifican con los de la Alemania nazi, pero mediante las instituciones tradicionales, o sea, en este caso, la Policía y la Guardia Civil. Eso sí, "auxiliados por elementos de absoluta garantía".
Esos elementos son falangistas entusiastas de la represión, que hay muchos. Porque continúa en funcionamiento la Delegación Nacional de Información e Investigación, con sedes en muchos municipios españoles. Hay más de tres mil agentes del partido repartidos por toda la geografía nacional, que elaboran sin descanso expedientes sobre sospechosos. En el año anterior han escrito más de ochocientos mil informes y han elaborado fichas sobre más de cinco millones de ciudadanos. Los miembros de las delegaciones hacen informes constantes sobre la situación política en cada lugar, sobre el estado de la opinión pública, y sobre los antecedentes políticos de cualquier ciudadano que aspira a un puesto de trabajo. Y tienen el privilegio de participar en interrogatorios policiales y torturas en comisarías o cuartelillos.
A veces, fuera de las dependencias judiciales. El ricino y las palizas callejeras están a la orden del día.
Con el cambio de destino del conde de Mayalde, los falangistas dejan de ser los que encabezan este tipo de investigaciones, pero están. Siguen estando.
Los investigados para el Archivo Judaico no son gente de especial relevancia. Salvo en algún caso, como el del escritor Samuel Ros, amigo íntimo del revolucionario Dionisio Ridruejo, cuya condición de judío levantará las inquietudes de los funcionarios nazis instalados en España. Se da la circunstancia de que Ridruejo es también muy amigo del conde, con el que va a compartir muchas jornadas en Berlín durante su discontinua presencia en la División Azul, el contingente español que va a marchar a Rusia a luchar contra el comunismo a las órdenes del general Agustín Muñoz Grandes.
Los hombres de Himmler, a los que el conde de Mayalde ha dado el estatus oficial para que se muevan con soltura por el país, reclaman a la Policía española que les dé detalles sobre las actividades de Samuel Ros. Incluso se atreven a protestar porque se le permita escribir en medios oficiales como el diario falangista Arriba.
Otra de las circunstancias llamativas de la circular es que rompe con el antijudaísmo clásico de la católica España. Para la Iglesia, y por tanto para el régimen nacional católico amparado por los cardenales Pla i Deniel y Gomà, un judío deja de serlo si se convierte al catolicismo. Los nazis consideran que se trata de una raza, y el conde de Mayalde expresa claramente su concepción próxima a la de los seguidores de Hitler: los sefardíes, que por "su adaptación al ambiente y su similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen". Hay un temperamento español y un origen judío.
La fecha en que se emite la circular tampoco es casual. En España se debate desde hace meses la posibilidad de que el país entre en guerra al lado de Alemania. Y los más furibundos partidarios de esta opción son los falangistas revolucionarios, los nacionalsindicalistas que admiran a Hitler y comprenden su política de liquidación del judaísmo.
En Francia, las autoridades de Vichy han puesto en marcha, sin necesidad de que los ocupantes alemanes se lo pidan, un Estatuto Judío que incluye un censo. Ya hay muchos miles de judíos franceses o apátridas recluidos en campos de concentración en la zona de Vichy y en la zona ocupada. En todos ellos la autoridad le corresponde a la policía francesa. De esos campos saldrán los trenes de la muerte que conducirán a casi todos los judíos franceses al exterminio en Auschwitz.
El más importante está al lado de París, en una localidad llamada Drancy, donde catorce sefardíes españoles han sido recluidos. Un diplomático llamado Bernardo Rolland de Miota, cónsul general en París, intenta, contra las órdenes del embajador Lequerica y del ministro Serrano Súñer, salvarles. No lo consigue, aunque sí puede actuar a favor de otros dos mil que reciben protección de su consulado. Serrano Suñer le hará pagar por su desobediencia destinándole a un oscuro puesto africano. Será declarado por la Fundación Wallenberg "justo entre las naciones", un título al que se harán acreedores otros diplomáticos españoles, como Sebastián de Romero, Eduardo Propper, Julio Palencia, Ángel Sanz Briz o Carmen Schrader.
»LA REUNIÓN DE WANNSEE. A las afueras de Berlín hay un plácido barrio de casas residenciales donde muchos berlineses de posición económica acomodada pasan los fines de semana. Antes para alejarse del estruendo de la gran urbe. Ahora para eludir la incomodidad de las alarmas aéreas. El barrio se llama Wannsee, y está construido a las orillas del lago del mismo nombre.
Allí se solazan y descansan los responsables de la Seguridad del Estado hitleriano. Los jefes de los Eisantzgruppen, estresados, se recuperan del pesado trabajo de matar en masa a tantos judíos, a tantos partisanos y comisarios bolcheviques. Lo hacen en una casa adquirida por la Seguridad del Reich, que dirige un asesino en masa llamado Reinhardt Heydrich.
Heydrich, el virtuoso violinista que, a las órdenes de Himmler, desarrolla la matanza de los judíos, ha hecho balance, y este no es nada bueno. Con gran esfuerzo y un enorme gasto de munición y recursos, se ha conseguido matar solo a un millón de judíos en números redondos, de los más de once que se calcula que están en los territorios del Reich o en las zonas conquistadas. Y lo que no cabe ya, a la vista de la reacción del Ejército soviético, que ha detenido la ofensiva sobre Moscú y Leningrado, es pensar en expulsar a todos los hebreos hasta los montes Urales para que allí se extingan.
Hasta octubre de 1941, se ha conseguido que quinientos treinta y siete mil judíos se marcharan de los territorios del Reich. Unos quinientos mil, de Alemania y Austria; los treinta mil restantes, de Bohemia y Moravia. Pero esta política está realmente acabada, porque trae muchos problemas, en plena guerra, negociar transportes, destinos e itinerarios.
Mientras a los de las repúblicas bálticas se les mata en bosques o se les enrola por la fuerza en destacamentos de trabajo, en Varsovia sigue habiendo un gueto poblado por decenas de millares de judíos polacos que absorben recursos alimenticios, que obligan a dedicar numerosas tropas a controlarles. No es barato liquidar el problema judío. Los responsables de cada área ocupada se las ven y se las desean para cumplir con una orden muy vaga, la de que cada uno se las tiene que arreglar para matar a sus judíos. Pero eso no es fácil. Hans Frank, el gobernador general de Polonia, ha mostrado su desesperación hace pocas semanas: "No podemos fusilar a esos tres millones y medio de judíos, no podemos envenenarles, pero tenemos que ser capaces de dar pasos para encontrar una forma de llegar al éxito en el exterminio".
Es 20 de enero y en el palacio de Wannsee, junto al lago de aguas cristalinas, Heydrich ha reunido a los quince mejores expertos en matanzas porque ha recibido la orden de poner de una vez en marcha la "solución final" de ese problema. Hay que tomarse en serio el asunto, y ordenar los métodos, convertir el empeño en un sistema industrial eficiente en resultados concretos y en términos de economía. Y la consigna debe carecer de elementos que permitan la duda. A partir de ahora está claro que lo que procede es matar a todos, absolutamente todos, los judíos que se encuentran en territorios del Reich o en zonas conquistadas. No solo en esas áreas, sino también en el resto de Europa. Porque quedan muchos judíos en países rendidos o aliados. En casi ninguno de ellos se va a encontrar ningún problema para aplicar la solución. Sí en Italia, que es un aliado dubitativo en este asunto, pero no hay quejas sobre la actitud de Francia.
Hitler ha hecho hincapié varias veces en su "profecía" de que, si se produjera una nueva guerra mundial, los judíos desaparecerían de la faz de la tierra. Ahora ya no puede haber vacilaciones. Ya hay una guerra mundial desde que Estados Unidos se han enrolado en ella. Dentro de diez días, en un sitio público, el Sportpalas de Berlín, el Führer va a insistir en ello: "Esta guerra no tendrá un final como imaginan los judíos, con el exterminio de los pueblos arios de Europa, sino que el resultado de esta guerra será la aniquilación de la judería. Por primera vez, la antigua ley judía será aplicada ahora: ojo por ojo y diente por diente".
No hay constancia documental de que en Wannsee se hable de España. Se hace notar, simplemente, que allí hay seis mil judíos. Pero su destino está claro, para cuando se pueda atender la relación con este país. Lo seis mil están censados por algún organismo del Gobierno, que ha pasado nota a los representantes alemanes en la Embajada de Madrid. El censo que inició el 5 de mayo de 1941 José Finat, conde de Mayalde, ahora embajador en Berlín. Están todos localizados.
Una compleja serie de razones impedirá que España entre en la guerra al lado de Alemania. Eso evitará que los nombres incluidos en el Archivo Judaico pasen a formar parte de los listados de Auschwitz.
A finales de 1945, los archivos de los ministerios de Gobernación y de Asuntos Exteriores serán expurgados para que no quede nada que demuestre que la mayor actitud de piedad de Franco hacia los judíos fue dejar pasar a algunos, o soportar en ocasiones la acción individual de los pocos diplomáticos que se la jugaron por salvar vidas humanas.
El Archivo Judaico habría sido un hermoso regalo para Hitler. Su conservación, una repugnante prueba de lo que los falangistas de Ramón Serrano Suñer pretendían hacer con los judíos españoles.
El cinismo franquista llegó al extremo cuando tuvo que negociar con los aliados vencedores en la guerra la liquidación de las deudas con Alemania. La delegación española se atrevió, ante el escándalo de los representantes aliados, a pedir compensación por los daños patrimoniales causados por los nazis a los sefardíes de Tesalónica. El representante inglés McCombe tuvo que recordar en la reunión que España jamás había protestado por la persecución nazi contra sus compatriotas.
